El cambio climático en el imaginario colectivo tiene el rostro de una persona necesitada del sur global. Sin embargo, en los pasillos de la toma de decisiones internacionales sobre el cambio climático es muy poco probable encontrar a estas personas afectadas o sus perspectivas ni su urgencia.
La participación política está correlacionada al impacto que un proceso tiene en el bienestar de una persona y la posibilidad de influir efectivamente en una decisión. Estos elementos motivan a las personas a formar un público y participar. Sin embargo, la participación de un público está limitada por la forma en que se establezcan los mecanismos de participación y por el actuar de quienes están en el poder.
Estos son conceptos que están constantemente en mi mente mientras escucho discusiones sobre el destino de millones de personas en las comunidades del Sur Global que enfrentan los terribles impactos del cambio climático. Estas discusiones que suelen darse en salas llenas de diplomáticos ambientales de países desarrollados que no tienen conexión directa con este futuro amenazante. Es un dolor silencioso escuchar estas conversaciones mecánicas que datan de décadas y están desprovistas de humanidad.
En la SB56, desde mi punto de vista, uno de los mayores desafíos que enfrentaron las ONG (organizaciones no gubernamentales) y los representantes de los gobiernos del Sur Global es contemplar dos posibles realidades. Por un lado, la incapacidad de diplomáticos ambientales privilegiados del norte global, ya sea de ONG o gobiernos, de comprender la urgencia y la escala de los efectos negativos del cambio climático en la vida de las personas. Lo cual culmina en procesos de toma de decisiones tan distantes de las necesidades, la dignidad y el derecho a la justicia de las personas afectadas, que te desaniman o enfurecen.
O la posibilidad que también resuena en mi mente, que estas personas son incapaces de valorar o concebir a mi comunidad en igualdad de condiciones, en términos de derechos y dignidad humana. Estas realidades no creo que provengan de una mala voluntad innata, sino son resultado de la injusticia estructural, racismo y discriminación. Las economías intensivas en carbono y el colonialismo han ayudado a cultivar sus sociedades y a construir los privilegios que las rodean, lo que limita su comprensión y moralidad.
El cambio climático en el imaginario colectivo tiene el rostro de una persona necesitada del sur global. Sin embargo, en los pasillos de la toma de decisiones internacionales sobre el cambio climático es muy poco probable encontrar a estas personas afectadas o sus perspectivas ni su urgencia. Además, la conceptualización de que implica esta necesidad diverge cuando los representantes de las economías históricamente intensivas en carbono hablan sobre ella. Nuestra necesidad se convierte en un requerimiento de ayuda, de promesas voluntarias y asistencia, como si alguna desgracia trágica o desgracia inherente hubiese aterrizado en nuestros hogares y determinado para nosotros un futuro plagado de sufrimiento e inseguridad. Sin embargo, mientras nos sentamos en estas salas y en las instancias en las que se nos permite hablar, nuestros rostros y voces hacen eco sobre una necesidad de justicia y no de caridad.
El deseo de no identificarse como causante o de aceptar una responsabilidad diferenciada por un fenómeno socio-natural que tiene su origen en la riqueza de las globales del norte, como es el cambio climático, está impulsado por el miedo. Es el temor al hecho de que los países desarrollados son responsables de los daños ambientales transfronterizos debido a sus economías intensas en carbono. Y que sus privilegios y comodidades se sostienen bajo el sufrimiento transgeneracional de los demás. No hay ningún subterfugio basado en la ciencia, la ley o moral para escapar de esta acusación histórica.
Las pérdidas y daños generados son pagados por las comunidades vulnerables todos los días. Ya son una parte importante de la realidad económica de nuestros países en el Sur. La externalidad ambiental negativa del sistema económico actual es mensurable en la violación de los derechos humanos de las comunidades en Centroamérica y en otros lugares. El grado de afectación negativa es tal que hace que el futuro de las comunidades sea sombrío y que sus tierras ancestrales se hayan vuelto en algunas instancias incapaces de fomentar condiciones habitables.
En la SB56, nuevamente las delegaciones del Sur Global abogaron por el establecimiento de un mecanismo financiero para pérdidas y daños. Sin embargo, esta petición no fue aceptada al igual que en COP26. Y ahora, toca esperar otros 6 meses para la COP27, mientras las familias en condiciones de vulnerabilidad en nuestros países lidian con las consecuencias del cambio climático. Nosotros y las generaciones venideras viviremos en un clima que fue cambiado para generar ganancias y privilegios para unos pocos en los países desarrollados, a expensas de nuestras comunidades en el Sur.
Un apartheid climático es una palabra que aparece a veces cuando nosotros, como activistas latinoamericanos, nos encontramos en reuniones y tratamos de expresar nuestra perspectiva sobre pérdidas y daños en la CMNUCC. Es un apartheid cuando sabemos que después de 3 décadas la CMNUCC ha inhibido sistemáticamente la ayuda a quienes son afectados de manera desproporcionada. No sólo no existe un mecanismo para abordar las pérdidas y los daños, sino que todas las discusiones están limitadas por lo que los países desarrollados están dispuestos a prometer, como si la responsabilidad del daño no residiera en sus manos. Hablar de responsabilidad e indemnización por daños ambientales como una obligación estatal, como se hizo hace 50 años la Declaración de Estocolmo, es tabú bajo la CMNUCC. Además, cualquier respuesta de parte del régimen climático internacional basada en el Principio 13 de la Declaración de Río relativa a la responsabilidad y la indemnización, ha sido silenciada a la fuerza por los países desarrollados a través del párrafo 51 de la Decisión 1/COP21. Entonces, nosotros, como público afectado de América Latina, nos vemos obligados a participar en un proceso que nos niega la justicia y que convierte sistemáticamente un daño que nos inflige un tercero, en una condición inherente a nuestra identidad. Una condición en la cual deberíamos agradecer recibir ayuda del norte global. Así como el colonialismo y el imperialismo han erosionado la capacidad de nuestras sociedades para reclamar justicia y obtener prosperidad, ahora somos inducidos a aceptar los impactos de cambio climático como un nuevo status quo para nuestros pueblos. Silenciar nuestro reclamo de justicia es negar nuestro derecho a un ambiente sano. Esto es degradar nuestra dignidad humana y nuestros derechos como personas, un “capitis diminutio clima”.
La participación de nuestros públicos afectados dentro de la CMNUCC puede ser baja por muchas razones. Sin embargo, parece claro que el actuar de los poderosos y los mecanismos de participación existentes con respecto a las pérdidas y daños no se basan en un enfoque de derechos humanos, sino en la renuncia forzada al acceso a la justicia. Tal vez esto es lo que realmente significa que la CMNUCC sea un proceso impulsado por los países parte y que no está abierto al público.
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